Patética irresponsabilidad

No soy abogado. Soy sí un ciudadano que ha tenido la oportunidad de una educación de buen nivel. Una de las áreas que se me dan bien es el manejo del idioma. Así, cuando escuché a la magistrado Luisa Estela Morales, quien preside el Tribunal Supremo de Justicia, pontificar sobre el asunto de las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia, hice lo que hace cualquier ciudadano medianamente formado y con dos dedos de frente: recurrir a la Constitución vigente y al “mataburros” (léase, el diccionario de la RAE). Es decir, busqué la información en la fuente jurídica y en la lingüística.

La Constitución, en su artículo 23 no puede ser más clara: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.”

¿Qué parte no entendió la magistrado?

Doña Luisa Estela no es una recién llegada al oficio. Del tema sabe mucho, como suele declarar con harta pedantería cada vez que la oportunidad se pinta de cámara y micrófono. De eso que mientan “humildad” la doñita no tiene ni una ñinguita. Así que intuyo -en principio- que como sus deficiencias no son el área de las leyes lo están, más bien, en lo que a nuestro precioso idioma compete. Quizás ella no conoce que jerarquía significa, como marca el DRAE, “nivel, posición, estatura”. De esta manera, lo que el artículo 23 de nuestra Carta Magna quiere decir es diáfano y no requiere mayor explicación. Cualquiera con nociones básicas del idioma entenderá con facilidad el texto.

Pero, pensándolo mejor, Misia Luisa Estela, con trajecito de seda “dupioni” y pelito cortado al estilo “príncipe valiente”, no es ni bruta ni ignorante. Su declaración del pasado domingo no es por ende producto de deficiencias o carencias intelectuales. Es –peor aún- consecuencia directa de una inconmensurable falta de ética, lo que es trágico en alguien que es nada menos que la cabeza del máximo tribunal de la República. He allí la gravedad de su infeliz declaración. La doña sabe, sabe mucho, sabe bien. Sabe que lo que está diciendo es un disparate de marca mayor. Pero aplica con desparpajo y sin reverencia el “no me importa”.

Cuando la silla mayor de un poder público nacional trabaja para complacer los caprichos y delirios de un mandamás, todo lo que ha podido estudiar y aprender está al servicio de un hombre en una posición transitoria (aun cuando él piense que es vitalicia) y no de la sociedad.

Algún día estos señores y señoras hoy con sus futraques cómodamente apoltronados en el poder comprenderán lo que es para todos los decentes una verdad incuestionable: que inclinar la cerviz no es ni de ciudadanos dignos ni de profesionales éticos. Es de patéticos irresponsables.